De aquellos polvos, estos lodos…
A finales del pasado año, el Ejecutivo, optó, tras hacer oídos sordos a las políticas comunitarias, por dar luz verde al Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, en su exposición de motivos, se apoya en el artículo 25 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico para justificar el aumento del uso de Carbón Autóctono (español).
Esta normativa, permite que la minería del carbón siga viva en España durante un tiempo, eso sí, alterando la realidad del mercado energético y sin solución de continuidad.
La artimaña legislativa, es bochornosa y gira en torno al concepto “garantía del suministro”, este término, ha sido empleado de forma, convenientemente equívoca en el Real Decreto 134/2010, en virtud del cual, no sólo resulta difícil de comprender como se trata de garantizar el suministro energético consumiendo las reservas de esa fuente de energía agotable y objeto del “Plan Nacional de Reserva Estratégica”, instrumento, este sí, que responde a la garantía del suministro y no, como el R.D., a la coyuntura económica de un sector condenado a cumplir con una función subsidiaria.
LA CLAVE
El carbón producido en España, es caro y de mala calidad, siendo importado en su gran mayoría, en consecuencia, la única forma posible de que las empresas eléctricas compren el carbón español es hacerlo rentable con el dinero público. Se subvenciona la adquisición del mismo hasta equipararlo al mineral importado. Esta medida, que no solución, permite tener conectado al muerto unos añitos más, para llegar al mismo punto dentro de tres años, la muerte de esta industria.
Entre tanto, la minería contenta y los consumidores y el medio ambiente costeando el absurdo plan.
Entre tanto, la minería contenta y los consumidores y el medio ambiente costeando el absurdo plan.
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